POr supuesto el Pais.com no titula así la noticia si no que informa de ella en una titulada "las asociaciones de consumidores deuncian una subida de tarifas electrónicas encubierta". Que qué tendrá que ver una cosa con la otra...
Dos noticias con un hilo común, según varias asociaciones como la Asociación de Internautas (AI) o la Federación de Consumidores en Acción (Facua). Ayer entró en vigor la ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas que obliga a las operadoras a identificar a todos los dientes de prepago. Ayer también Telefónica anunciaba sus nuevas tarifas para el mes de enero, con un incremento del establecimiento de llamada del 25% y una reducción del precio por minuto que oscila entre el 8 y el 18%. Las asociaciones consideran que esta revisión de tarifas encubre una subida encubierta que trata de compensar precisamente el coste que va a tener para las compañías las nuevas exigencias sobre conservación de datos.
Asociaciones de consumidores denuncian una subida de tarifas telefónicas encubierta · ELPAÍS.com
Interesante cómo cuenta El País la noticia, al final de la misma:
La normativa de ley de conservación de datos ya ha comenzado a tener efectos. Las 20.000 tiendas de operadoras y de distribuidores que hay en toda España han comenzado a pedir la identificación a los compradores de nuevas tarjetas prepago, que deben aportar su nombre, nacionalidad y acreditarla con un documento (DNI, pasaporte, tarjeta de residente). Los 19 millones que ya poseen un prepago tienen un plazo de dos años para identificarse. Al término del mismo, les será retirado el número de teléfono.
Las operadoras socias de Redtel ya han dispuesto procedimientos de actuación para involucrar a sus redes de distribución (con cerca de 20.000 puntos de venta en todo el territorio) en el cumplimiento del nuevo marco legal. Los mecanismos dispuestos se perfeccionarán y optimizarán progresivamente con la participación activa de los distribuidores y la cooperación del sector con las autoridades.
Sin garantías judiciales
No todos están de acuerdo con la ley. Algunos como la AI consideran que la ley de conservación de datos no establece un verdadero control judicial porque si bien es cierto que la policía necesita autorización judicial para acceder a los datos, también lo es que la interceptación de las comunicaciones se lleva a cabo de forma sistemática e indiscriminada, sin que medie una orden judicial.
Según la AI, los datos no se entregan al juez para que decida cuáles son relevantes para la investigación y cuáles no, ni se incorporan a ningún tipo de diligencias previas, sino que se entregan directamente al agente facultado, quien podrá disponer de ellos a su antojo sin control Judicial alguno.
Recordemos que, entre otros "agentes facultados" está el CNI.
Esta ausencia de control judicial permitirá que se reinvente la práctica desterrada por el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado de realizar investigaciones predelictuales o de prospección desligadas de un hecho delictivo concreto, para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir. Por eso, la AI va a llevar el caso ante el Defensor del Pueblo y no descarta tomar otro tipo de acciones más adelante.
Y esto lo dice el País.
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