Ha anulado la partida que se incluyó en 2005 sobre ahorro y eficiencia energética, porque estaba incluía en un real decreto que se excedía respecto a la Ley que desarrollaba. Una buena noticia para las eléctricas y para la liberalización de los precios de la electricidad en España.
Después de años y acumulación de pleitos, las eléctricas han conseguido abrir el primer agujero en la polémica legislación que establece cómo se fijan los precios de la luz en España, cuyo modelo actual fue introducido en los comienzos de la presente legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una sentencia del Tribunal Supremo del pasado día 17 de octubre, que ha sido notificada esta semana a las partes, da la razón a Iberdrola en algunas demandas que esta compañía presentó contra el Real Decreto 1556/2005. Para las eléctricas, que vienen reclamando libertad de precios desde hace años, esta sentencia –la primera que les da la razón en el Supremo– es una gran victoria contra el intervencionismo estatal.
Aprobado en diciembre de 2005, aquel decreto introducía modificaciones sustanciales en el sistema de fijación de precios de la luz, pero sin avanzar en lo esencial: caminar hacia la liberalización de las tarifas, de manera que en lugar de que las fije el Gobierno, lo haga el libre juego de la oferta y la demanda.
Para entender la victoria de Iberdrola, y por extensión la del resto de eléctricas, es necesario entender cómo se establecen las tarifas que pagan los 25 millones de clientes de luz que hay en España.
A cada uno su parte
Al revés de lo que ocurre en el libre mercado, el Gobierno fija las tarifas eléctricas determinando, a priori, cuáles van a ser los costes del servicio en multitud de aspectos: la generación de la luz, la distribución o las subvenciones que se otorgan a las energías renovables, por ejemplo. También se incluyen otras partidas para financiar al Operador del Mercado (la entidad que organiza los flujos de electricidad), o para la Comisión Nacional de la Energía, el regulador.
Aunque los recibos de la luz los cobren las compañías eléctricas, del total de las tarifas, las compañías sólo se quedan con una parte (la de los costes que tienen reconocidos). Por lo tanto, lo que el Gobierno incluya en la cesta de costes a la hora de fijar las tarifas es clave para determinar si las eléctricas salen mejor o peor paradas en términos de ingresos.
Iberdrola, entre otras cosas, pedía la anulación de una partida de gastos que, repentinamente, apareció en el Real Decreto de 2005 bajo el título Plan de Acción 2005-2007 sobre ahorro y eficiencia energética. Fuentes del sector consideran esa partida un “cajón de sastre” en el que podía caber de todo, sin que al final las eléctricas se beneficiaran de ella, porque no se traducía en ingresos para las compañías.
Iberdrola entendía que la inclusión de esta partida en la tarifa eléctrica suponía un perjuicio de 173,5 millones de euros, y carecía de cobertura legal, ya que “la Ley del Sector no preveía que tales planes puedan ser financiados con cargo a la tarifa”.
Varapalo del Supremo al Gobierno por el recibo de la luz - Expansión.com
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Nada menos que 173 millones, destinados a la financiación del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, fueron imputados con cargo a la tarifa del año pasado, a pesar de que la Ley del Sector Eléctrico establece taxativamente una estructura de costes que no admite la inclusión de otros conceptos distintos de los legalmente establecidos. Una elevada cantidad que podría haberse destinado, por ejemplo, a mejorar la calidad del suministro.
La última frase es muy interesante: dice "por ejemplo, a mejorar la calidad del servicio", pero esa no es una finalidad establecida expresamente en la norma. Yo creo que, habiéndose introducido por lo que se introdujo (en el plan de ahorro y eficiencia energética) la finalidad hubiera sido la ecologista con bastante más probabilidad.
Eso sí, sólo Expansión se ha hecho eco de ella. ¿Por qué?
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